JORNADA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS CON CHINA, INDIA Y COREA

septiembre 19, 2017

AUSTRAL CONSULTING SL Organiza junto y gracias a la Cámara de Comercio de Toledo una Jornada de Netwonking empresarial para la internacionalización de empresas en Asia, concretamente en China, India y Corea.

Aquí tenéis la: FICHA DE INSCRIPCIÓN

Será el próximo día 28 de febrero de 2017, en la sede de la Cámara de Comercio de Toledo en la Calle Dinamarca, 4.

A partid de las 9:30 horas.

Allí os esperamos con éste maravilloso: PROGRAMA (2)

PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES

septiembre 06, 2017

El pasado mes de julio fue aprobado por el Gobierno el Proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en respuesta a la Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, de fecha 11 de mayo de 2017, número 59/2017, en la que se declaraban inconstitucionales y, por tanto, nulos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo de 2/2004, de 5 de marzo, en la medida en que estos sometían a tributación los incrementos de valor de terrenos de naturaleza urbana inexistentes.

La nueva regulación, en consecuencia, ofrece una exención del pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los casos en que el contribuyente acredite la falta de incremento del valor del bien inmueble, debiendo realizar dicha comparación entre el valor de transmisión y adquisición, efectivamente satisfechos.

El contribuyente deberá probar dicha falta de incremento de valor por medio de los títulos en los que se documente la transmisión del bien inmueble, es decir, por regla general, por medio de la escritura pública de constitución de la transmisión.

En los casos de transmisiones a título lucrativo, como son las herencias y donaciones, el valor de adquisición y transmisión se probará de acuerdo con lo declarado en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que, generalmente, serán los valores establecidos en las mismas escrituras de donaciones o herencias.

Sin embargo, en los casos en los que tales transmisiones patrimoniales hayan sido objeto de un procedimiento de comprobación de valores, prevalecerá el valor que haya resultado del mismo, siempre que fuese superior con respecto al valor estipulado en las respectivas escrituras de transmisión o valor declarado en el impuesto.

Por regla general, en las referidas escrituras de constitución de transmisión del bien inmueble no suele establecerse un desglose entre el valor del terreno y el valor de la construcción asentada en el mismo. Es por ello que la nueva regulación establece para el cálculo del valor del terreno la porción que éste tenga en el valor catastral total del inmueble a fecha de transmisión.

En los casos en los que no exista sujeción al impuesto, a efectos de realizar el cálculo del periodo de generación del incremento por una posterior transmisión, el periodo que deberá tenerse en cuenta será desde la fecha en que se produjo el anterior devengo.

La nueva regulación establece, además, una modificación de los coeficientes que se aplicaban sobre el valor catastral de los terrenos, que vendrá dada en función del número de años en los que se hubiese generado un incremento del valor del terreno. Dicho cálculo pasará a ser computado de forma anual con un límite máximo de veinte años.

Hay que advertir que las transmisiones que se realicen por un periodo inferior al año desde su adquisición serán sometidas a tributación, hecho que no concurría con anterioridad, debiendo prorratearse, en dichos casos, el coeficiente anual en relación al número de meses completos.

 

Periodo generación Coeficiente
Inferior a 1 año 0,06
1 año 0,09
2 años 0,09
3 años 0,08
4 años 0,06
5 años 0,06
6 años 0,06
7 años 0,06
8 años 0,06
9 años 0,06
10 años 0,06
11 años 0,06
12 años 0,06
13 años 0,13
14 años 0,21
15 años 0,29
16 años 0,37
17 años 0,44
18 años 0,50
19 años 0,55
20 años 0,6

La nueva normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, dicha normativa tendrá carácter retroactivo con fecha límite 15 de junio de 2017, fecha en la que se publicó la referida Sentencia del Tribunal Constitucional en el Boletín Oficial del Estado. Lo cual quiere decir que las operaciones realizadas y comprendidas entre el 15 de junio de 2017 y la fecha de entrada en vigor de la norma, en las cuales no exista un incremento de valor con respecto a su valor de adquisición y posterior transmisión, también se verán beneficiadas de la exención del impuesto.

Por último, cabe indicar que el referido impuesto de plusvalía se encuentra en proceso de reforma por parte de la Comisión de Expertos para la revisión y análisis del actual sistema de financiación creada por el Gobierno. Por lo que se prevé, con base en el informe presentado por la Comisión, que se realice una profunda revisión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Como se ha apuntado, el Proyecto de Ley no cuenta con la aprobación definitiva por lo que todavía es una norma que puede sufrir cambios en su texto. Desde el área jurídica os seguiremos informando de las novedades que se produzcan al respecto como de cualquier otra de área que afecte a vuestros intereses.

Mariano Cañas Alberola

En Madrid, a 5 de septiembre de 2017.

La Oficina de Promoción Económica inicia su andadura con la intención de “aprovechar al máximo el potencial de Toledo”

marzo 01, 2017

http://prensa.toledo.es/la-oficina-de-promocion-economica-inicia-su-andadura-con-la-intencion-de-aprovechar-al-maximo-el-potencial-de-toledo__27594

1 marzo, 2017
El Servicio de Coordinación, asistencia y apoyo a la Oficina Municipal de Promoción del Ayuntamiento de Toledo, adjudicado el pasado mes de diciembre a la empresa Austral Consulting, S.L.U, ha iniciado su andadura en las últimas tres semanas con la firme intención de “aprovechar al máximo las potencialidades que Toledo tiene y abrir aún más la ciudad”.

En una rueda de prensa en la que han participado el concejal de Urbanismo, y Promoción Económica, Teo García y el director de Austral Consulting, S.L.U, Andrés Salinas, se ha informado de las bases y objetivos que mantiene el Gobierno local, presidido por la alcaldesa, Milagros Tolón, en torno a este “ambicioso” proyecto.

Teo García ha manifestado que entre los objetivos principales del servicio se encuentran: facilitar la relación del Ayuntamiento con empresas, autónomos y emprendedores, así como “establecer una colaboración directa con las empresas, que pase por recoger y canalizar sus demandas hacia la Administración, todo ello con especial atención a las necesidades del Polígono industrial”.

Dos líneas de actuación

Dicha colaboración, ha proseguido el edil, quedaría materializada a través de dos líneas de actuación como son la atracción de empresas a nuestra ciudad “y que las empresas de la ciudad puedan salir, contribuyendo a que sean más competitivas” con este nuevo apoyo que les brinda el Consistorio capitalino.

No se trata, ha apostillado García, “de una oficina al uso” sino de una oficina virtual que se convertirá en oficina física en un breve periodo de tiempo con la intención de “que perviva en el tiempo”. Para ello, el programa de trabajo ya iniciado en estas semanas ha tenido como punto de arranque numerosos encuentros y reuniones con asociaciones artesanales de la ciudad, Fedeto, sindicatos, Cámara de Comercio, Universidad regional o empresarios.

Por su parte, Andrés Salinas ha mantenido que la idea del proyecto es “iniciar, aunque de forma embrionaria, una oficina a futuro y para siempre, con la idea de crear promoción económica en una ciudad más abierta”, aprovechando la proyección internacional “evidente” de Toledo. De otro lado ha definido la oficina como “moderna, abierta, dinámica y muy virtual”, tratando de ofrecer respuestas “en tiempo real y muy rápidas” para agilizar la conexión de las empresas con la Administración local.

NUESTRO SOCIO-DIRECTOR REUNIDO CON LAS PARTES INTEGRANTES DEL PACTO POR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE TOLEDO

febrero 15, 2017

Toledo pone en marcha su programa de promoción económica

 

 

Austral Consulting SLU ha sido adjudicataria del Concurso COORDINACIÓN, ASISTENCIA Y APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

febrero 06, 2017

http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-austral-consulting-gestionara-oficina-captacion-empresas-toledo-201612091945_noticia.html

http://www.encastillalamancha.es/noticia/76346/wwwencastillalamanchaes

Es un placer comunicarte, que Austral Consulting SL ha sido seleccionada por el Ayuntamiento de Toledo en Concurso Público, tras obtener la mayor puntuación, para llevar a cabo un proyecto para la Coordinación, Asistencia y  Apoyo a la Oficina Municipal de Promoción de la Ciudad de Toledo.

Proyecto que pretende ser vertebrador, de la recuperación económica y empresarial de Toledo como punto de interés económico, social y empresarial.

Fascinante proyecto que nos entusiasma profesionalmente, pues nos da la oportunidad de poner en valor acciones positivas económica y socialmente hablando.

Es un honor para Austral Consulting SL aplicar conocimientos, estudios y experiencia y volcarla en el intento de revitalización económica de la ciudad de la que partimos.

Esperamos y deseamos contar con tu apoyo, tan necesario para nosotros.

 

 

FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO 2017

diciembre 19, 2016

feliz-navidad-austral-2017

EL TRIBUNAL SUPREMO FIJA DOCTRINA SOBRE LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE VIVIENDA POR CAUSAS URBAM

septiembre 27, 2016

La Sala de lo Civil establece que el comprador de una vivienda podrá recuperar el dinero anticipado si se anula el contrato por haber ocultado el vendedor irregularidades urbanísticas
Autor: Comunicación Poder Judicial
La sentencia de la Sala I del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que “las garantías legales de las cantidades anticipadas para adquisición de viviendas que regula la ley 57/1968 y disposición adicional de la LOE se extienden a aquellos supuestos en que el contrato de compra-venta no llega a buen fin, por declararse nulo por vicio invalidante del consentimiento al haber ocultado el promotor-vendedor al comprador la existencia de vicios de la edificación de naturaleza urbanístico”.

Asimismo, indica que la existencia de ilegalidades urbanísticas no puede considerarse como algo que escapa del ámbito de la Ley 57/1968, “pues se encuentra estrechamente relacionada con la obligación del promotor-vendedor de iniciar y entregar la vivienda, cumpliendo las condiciones físicas y jurídicas para ser habitada sin miedos de futuro y sin frustración de expectativas, en lo que constituye el objeto del contrato”.

La empresa Monteye Properties & Loan -compradora- presentó una demanda contra Marina Isla Valdecañas, S.A. -vendedora- y su aseguradora en la que solicitaba la nulidad del contrato de compraventa de vivienda, por vicio de consentimiento, alegando que el día de su firma no se le informó de la existencia de un litigio que afectaba al instrumento urbanístico sobre el que se asentaba el inmueble. En concreto, argumentaba que la vendedora le ocultó que había un procedimiento judicial pendiente en el que se pedía que se anulara el decreto de la Junta de Extremadura que daba cobertura legal urbanística al complejo donde se ubicaba la citada vivienda.

Un juzgado de Sevilla declaró la nulidad del contrato y condenó a la vendedora a devolver las cantidades anticipadas, 200.670,65 euros, y a pagar 52.143,55 euros reclamados por daños y perjuicios, pero rechazó la responsabilidad de la aseguradora al entender que como en este caso existía licencia de primera ocupación se cancelaban las garantías otorgadas por la aseguradora o avalista, según el artículo 4 de la Ley 57/1968. Dicho artículo dice que “expedida la cédula de habitabilidad por la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda y acreditada por el promotor la entrega de la vivienda al comprador, se cancelarán las garantías otorgadas por la Entidad aseguradora o avalista”.

La Audiencia Provincial de Sevilla confirmó dicho fallo, razonando que la circunstancia de este caso no está prevista en la ley 57/1968, que sólo cubriría que no se iniciase o terminase la construcción, el retraso en la entrega o la falta de licencia de primera ocupación.
La sentencia del Tribunal Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Baena Ruiz, estima el recurso de casación interpuesto por la empresa Monteye Properties & Loan y condena a la compañía aseguradora, alejándose del fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla y del juzgado, que la absolvieron al apreciar sólo la responsabilidad del promotor-vendedor.

Jurisprudencia contradictoria Audiencias Provinciales

La cuestión que se plantea en este caso es hasta dónde alcanza el riesgo cubierto por la garantía que establece la ley 57/1968 sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, en los casos en los que se anule el contrato de compraventa, por causa no imputable al comprador.

La sentencia indica que hay Audiencias Provinciales que consideran que la garantía establecida en dicha ley sólo cubre la falta de inicio o terminación de la construcción de la vivienda y obtención de las licencias administrativas accesorias para ser entregada y utilizada como tal. En sentido contrario, otro grupo de sentencias, citadas por la empresa recurrente, admiten otros supuestos de incumplimiento distintos a los anteriores: cuando se entrega la vivienda en condiciones distintas a las pactadas, con una carga hipotecaria superior al importe del precio pendiente de abono, cuando se entrega con un embargo a favor de una empresa constructora, cuando no hubo entrega efectiva por haber sido vendido a un tercero. Otro supuesto es el que equipara la falta de entrega física de la vivienda a su falta de entrega jurídica, a los efectos de la ley 57/68, cuando concurre un problema urbanístico, como en este caso, que conlleva la demolición de las viviendas.

Decisión de la Sala

Para el Tribunal Supremo, “la obligación de entrega por parte del vendedor presenta un doble aspecto: físico o material, consistente en la puesta en posesión que en casos de inmuebles puede entenderse producida por el otorgamiento de la escritura pública; y otro jurídico, que se refiere al cumplimiento de aquellas condiciones necesarias para que quede garantizada la posesión legal y pacífica de la cosa a favor del comprador”.

La Sala Civil señala que lo relevante para el comprador es que la entrega de la vivienda se produzca cuando el inmueble esté en condiciones de ser disfrutado según su destino. Del mismo modo, añade que la obligación del vendedor de entregar la vivienda supone “la entrega de aquella en condiciones de poder ser habitada sin impedimento legal alguno, haciendo posible su ocupación de un modo definitivo y sin obstáculos o impedimentos administrativos o urbanísticos”.

En consecuencia, concluye la sentencia, “el vendedor responde no sólo de la entrega de la vivienda, sino también de efectuarla con utilidad para su destino propio, o lo que es lo mismo, con la condición de habitabilidad”.

La sentencia parte del hecho de que a pesar de haberse expedido la licencia de ocupación, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura había ordenado la reposición de los terrenos a su estado anterior por lo que existía un “peligro cierto y grave” de demolición sobre la vivienda, basado en esa resolución judicial firme, que no se podía esquivar con la modificación del Plan General Municipal como consecuencia del PIR anulado.

“Tan esencial es el error provocado por la ocultación que hizo el promotor-vendedor al comprador de la ilegalidad urbanística, que ha dado lugar a la anulabilidad del contrato por vicio en el consentimiento, con lo que es evidente que el contrato no ha llegado a buen fin, pues era factible la entrega física de la vivienda al encontrarse terminada, pero adolecía de condiciones jurídicas que garantizasen el uso pacífico de futuro, sin miedos ni sobresaltos por ilegalidades urbanísticas”.

Condena a la aseguradora

En relación con la condena a la aseguradora, la Sala Primera afirma que si hubiese cumplido con sus obligaciones, entre la que se encuentra la de entrega de una vivienda hábil para su destino por estar cubierta con la normativa urbanística, “habría podido detectar, al ser profesionales del ramo, las dificultades urbanísticas que ya existían cuando concertó el seguro”.

Por esa falta de “diligencia”, condena a ASEFA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS a devolver a la compradora las cantidades entregadas a cuenta del precio de la vivienda más los intereses recogidos en la demanda.

Fuente: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-doctrina-sobre-la-devolucion-del-dinero-anticipado-para-la-compra-de-vivienda-por-causas-urbanisticas

CALIFICACIÓN COMO DESPIDO COLECTIVO

septiembre 27, 2016

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha acordado, por unanimidad, en el recurso de Casación 36/2016 y de conformidad con la Directiva 98/59 aplicada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 13/5/2015, asunto “Rabal Cañas”, que debe calificarse como despido colectivo, y respetar por consiguiente el régimen legal aplicable en esta materia, tanto las situaciones en las que las extinciones de contratos computables superen los umbrales del art. 51.1º Estatuto de los Trabajadores, tomando la totalidad de la empresa como unidad de referencia, como aquellas otras en las que se excedan esos mismos umbrales en los casos en que afecten a un único centro de trabajo siempre que en el mismo presten servicios más de 20 trabajadores.

La Sala ha desestimado el recurso planteado por la empresa Zardoya Otis S.A. contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 21 de mayo de 2015, que declaró la nulidad del despido de 12 trabajadores llevado a cabo en febrero de 2014 en el centro de trabajo de Mungia (Vizcaya), donde trabajaban 77 personas. En el total de la empresa, había más de 3.000 empleados.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-que-un-despido-es-colectivo-si-supera-el-umbral-legal-en-un-unico-centro-con-mas-de-20-trabajadores

SENTENCIA TRIBUNAL JUSTICIA UNIÓN EUROPEA

septiembre 21, 2016

Interinos despedidos de su puesto de trabajo pasaran a tener una indemnización de 20 días de conformidad a la Sentencia Dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Jurisprudencia que tendrá que tendrá que ser aplicada y que obligará a la modificación de la legislación laboral.
Fue el Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid el que solicitó la aclaración de la normativa española al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183301&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=296734

SUBVENCIONES EN CASTILLA LA MANCHA

septiembre 15, 2016

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha publicado el 9 de febrero de 2016 el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, extracto de la Resolución dictada por la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se convoca la concesión de subvenciones para el ejercicio 2016, para la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas, prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, destinatarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Pueden ser beneficiarias de estas subvenciones las entidades de formación, públicas o privadas, que cumplan los requisitos de acreditación y/o inscripción conforme a la normativa vigente de Formación Profesional para el Empleo. Y además de los requisitos técnicos cumplan los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
b) No estar incursa la persona física, los administradores de las personas jurídicas o aquellos que ostenten la representación de aquellas, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
c) No estar incursos en ninguna de las circunstancias que recoge el artículo 13. 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales, disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
e) Disponer de instalaciones y recursos humanos suficientes que garanticen su solvencia técnica para desarrollar, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la actividad subvencionada, con sujeción a lo indicado por la normativa vigente en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, las entidades beneficiarias deberán cumplir aquellas que se recogen en el artículo 8 de la Orden de 15 de noviembre de 2012.
El plazo de presentación de solicitudes será del 10 de septiembre al 3 de octubre de 2016.

Área Laboral