REFORMAS DEL TRABAJO AUTÓNOMO

octubre 27, 2017

El 25 de octubre de 2017 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado las reformas urgentes que afectan al trabajador autónomo. Las principales novedades que se introducen son:

  • Se reducen los recargos por ingresos fuera de plazo.
  • En los casos de pluriactividad (cuanta ajena y propia) posibilidad de recuperar hasta el 50 por ciento del exceso de cotizaciones por contingencias comunes superen la cuantía que se establezca a tal efecto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, con el tope del 50 por ciento de las cuotas ingresadas en este régimen especial.
  • Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, tendrán derecho a una reducción en la cotización por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, que quedará fijada en la cuantía de 50 euros mensuales durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, en el caso de que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda. Si no optasen por la base mínimo en los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, disfrutarán de una reducción del 80 por ciento sobre la cuota por contingencias comunes. Existen bonificaciones adicionales si los trabajadores por cuenta propia son menores de 30 años, o menores de 35 años en el caso de mujeres. Si un trabajador por cuenta propia se da de baja después de haber disfrutado de estas bonificaciones podrá volver a obtener estas bonificaciones siempre que transcurra el plazo de 3 años entre la baja y la nueva alta como trabajador autónomo.
  • Se incrementan las bonificaciones y reducciones en las cotizaciones para personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo que emprendan o reemprendan una actividad por cuenta propia.
  • Bonificación del 100 por cien de la cuota de autónomos por contingencias comunes, que resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los doce meses anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida, el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento establecido en el citado Régimen Especial para permitir la conciliación con la vida familiar: cuidado menor de doce años, cuidado familiar en situación de dependencia o con discapacidad intelectual igual o superior al 33% y si es discapacidad física igual o superior al 65%.
  • Bonificación de cuotas de Seguridad Social para trabajadores autónomos durante el descanso por maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural del 100% si dura al menos de un mes.

Las prestaciones económicas por maternidad y por paternidad consistirán en un subsidio equivalente al 100 por ciento de una base reguladora cuya cuantía diaria será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas a este régimen especial durante los seis meses inmediatamente anteriores al del hecho causante entre ciento ochenta.

De no haber permanecido en alta en el régimen especial durante la totalidad del referido período de seis meses, la base reguladora será el resultado de dividir las bases de cotización al régimen especial acreditadas en los seis meses inmediatamente anteriores al del hecho causante entre los días en que el trabajador haya estado en alta en dicho régimen dentro de ese período.

  • Tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto en estimación directa:
    • Las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de veinticinco años que convivan con él. El límite máximo de deducción será de 500 euros por cada una de las personas señaladas anteriormente o de 1.500 euros por cada una de ellas con discapacidad.
    • En los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica, los gastos de suministros de dicha vivienda, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por ciento a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior
    • Los gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el desarrollo de la actividad económica, siempre que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería y se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago, con los límites cuantitativos establecidos reglamentariamente para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores.
  • Se reconoce el accidente in itinere.
  • Los trabajadores incluidos en el campo de aplicación de este régimen especial podrán cambiar hasta cuatro veces al año la base por la que viniesen obligados a cotizar, eligiendo otra dentro de los límites mínimo y máximo que les resulten aplicables en cada ejercicio, siempre que así lo soliciten a la Tesorería General de la Seguridad Social, con los siguientes efectos:
    • 1 de abril, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el 31 de marzo.
    • 1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de abril y el 30 de junio.
    • 1 de octubre, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
    • 1 de enero del año siguiente, si la solicitud se formula entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.
  • Compatibilidad de la realización de trabajos por cuenta propia con la percepción de una pensión de jubilación contributiva.
  • El cónyuge, pareja de hecho y familiares de trabajadores autónomos por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, que se incorporen al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siempre y cuando no hubieran estado dados de alta en el mismo en los 5 años inmediatamente anteriores y colaboren con ellos mediante la realización de trabajos en la actividad de que se trate, incluyendo a los de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, a partir de la entrada en vigor de esta ley, tendrán derecho a una bonificación durante los 24 meses siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 50 por ciento durante los primeros 18 meses y al 25 por ciento durante los 6 meses siguientes, de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo correspondiente de cotización vigente en cada momento en el Régimen Especial, o Sistema Especial en su caso, de trabajo por cuenta propia que corresponda.

Sin embargo hemos de indicar que estas novedades no entrarán en vigor en su mayoría hasta el 1 de enero de 2018.

Si fuera de tu interés conocer la totalidad del texto de la reforma puedes acceder al mismo a través de este enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12207.pdf

JORNADA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS CON CHINA, INDIA Y COREA

septiembre 19, 2017

AUSTRAL CONSULTING SL Organiza junto y gracias a la Cámara de Comercio de Toledo una Jornada de Netwonking empresarial para la internacionalización de empresas en Asia, concretamente en China, India y Corea.

Aquí tenéis la: FICHA DE INSCRIPCIÓN

Será el próximo día 28 de febrero de 2017, en la sede de la Cámara de Comercio de Toledo en la Calle Dinamarca, 4.

A partid de las 9:30 horas.

Allí os esperamos con éste maravilloso: PROGRAMA (2)

PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES

septiembre 06, 2017

El pasado mes de julio fue aprobado por el Gobierno el Proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en respuesta a la Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, de fecha 11 de mayo de 2017, número 59/2017, en la que se declaraban inconstitucionales y, por tanto, nulos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo de 2/2004, de 5 de marzo, en la medida en que estos sometían a tributación los incrementos de valor de terrenos de naturaleza urbana inexistentes.

La nueva regulación, en consecuencia, ofrece una exención del pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los casos en que el contribuyente acredite la falta de incremento del valor del bien inmueble, debiendo realizar dicha comparación entre el valor de transmisión y adquisición, efectivamente satisfechos.

El contribuyente deberá probar dicha falta de incremento de valor por medio de los títulos en los que se documente la transmisión del bien inmueble, es decir, por regla general, por medio de la escritura pública de constitución de la transmisión.

En los casos de transmisiones a título lucrativo, como son las herencias y donaciones, el valor de adquisición y transmisión se probará de acuerdo con lo declarado en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que, generalmente, serán los valores establecidos en las mismas escrituras de donaciones o herencias.

Sin embargo, en los casos en los que tales transmisiones patrimoniales hayan sido objeto de un procedimiento de comprobación de valores, prevalecerá el valor que haya resultado del mismo, siempre que fuese superior con respecto al valor estipulado en las respectivas escrituras de transmisión o valor declarado en el impuesto.

Por regla general, en las referidas escrituras de constitución de transmisión del bien inmueble no suele establecerse un desglose entre el valor del terreno y el valor de la construcción asentada en el mismo. Es por ello que la nueva regulación establece para el cálculo del valor del terreno la porción que éste tenga en el valor catastral total del inmueble a fecha de transmisión.

En los casos en los que no exista sujeción al impuesto, a efectos de realizar el cálculo del periodo de generación del incremento por una posterior transmisión, el periodo que deberá tenerse en cuenta será desde la fecha en que se produjo el anterior devengo.

La nueva regulación establece, además, una modificación de los coeficientes que se aplicaban sobre el valor catastral de los terrenos, que vendrá dada en función del número de años en los que se hubiese generado un incremento del valor del terreno. Dicho cálculo pasará a ser computado de forma anual con un límite máximo de veinte años.

Hay que advertir que las transmisiones que se realicen por un periodo inferior al año desde su adquisición serán sometidas a tributación, hecho que no concurría con anterioridad, debiendo prorratearse, en dichos casos, el coeficiente anual en relación al número de meses completos.

 

Periodo generación Coeficiente
Inferior a 1 año 0,06
1 año 0,09
2 años 0,09
3 años 0,08
4 años 0,06
5 años 0,06
6 años 0,06
7 años 0,06
8 años 0,06
9 años 0,06
10 años 0,06
11 años 0,06
12 años 0,06
13 años 0,13
14 años 0,21
15 años 0,29
16 años 0,37
17 años 0,44
18 años 0,50
19 años 0,55
20 años 0,6

La nueva normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, dicha normativa tendrá carácter retroactivo con fecha límite 15 de junio de 2017, fecha en la que se publicó la referida Sentencia del Tribunal Constitucional en el Boletín Oficial del Estado. Lo cual quiere decir que las operaciones realizadas y comprendidas entre el 15 de junio de 2017 y la fecha de entrada en vigor de la norma, en las cuales no exista un incremento de valor con respecto a su valor de adquisición y posterior transmisión, también se verán beneficiadas de la exención del impuesto.

Por último, cabe indicar que el referido impuesto de plusvalía se encuentra en proceso de reforma por parte de la Comisión de Expertos para la revisión y análisis del actual sistema de financiación creada por el Gobierno. Por lo que se prevé, con base en el informe presentado por la Comisión, que se realice una profunda revisión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Como se ha apuntado, el Proyecto de Ley no cuenta con la aprobación definitiva por lo que todavía es una norma que puede sufrir cambios en su texto. Desde el área jurídica os seguiremos informando de las novedades que se produzcan al respecto como de cualquier otra de área que afecte a vuestros intereses.

Mariano Cañas Alberola

En Madrid, a 5 de septiembre de 2017.

La Oficina de Promoción Económica inicia su andadura con la intención de “aprovechar al máximo el potencial de Toledo”

marzo 01, 2017

http://prensa.toledo.es/la-oficina-de-promocion-economica-inicia-su-andadura-con-la-intencion-de-aprovechar-al-maximo-el-potencial-de-toledo__27594

1 marzo, 2017
El Servicio de Coordinación, asistencia y apoyo a la Oficina Municipal de Promoción del Ayuntamiento de Toledo, adjudicado el pasado mes de diciembre a la empresa Austral Consulting, S.L.U, ha iniciado su andadura en las últimas tres semanas con la firme intención de “aprovechar al máximo las potencialidades que Toledo tiene y abrir aún más la ciudad”.

En una rueda de prensa en la que han participado el concejal de Urbanismo, y Promoción Económica, Teo García y el director de Austral Consulting, S.L.U, Andrés Salinas, se ha informado de las bases y objetivos que mantiene el Gobierno local, presidido por la alcaldesa, Milagros Tolón, en torno a este “ambicioso” proyecto.

Teo García ha manifestado que entre los objetivos principales del servicio se encuentran: facilitar la relación del Ayuntamiento con empresas, autónomos y emprendedores, así como “establecer una colaboración directa con las empresas, que pase por recoger y canalizar sus demandas hacia la Administración, todo ello con especial atención a las necesidades del Polígono industrial”.

Dos líneas de actuación

Dicha colaboración, ha proseguido el edil, quedaría materializada a través de dos líneas de actuación como son la atracción de empresas a nuestra ciudad “y que las empresas de la ciudad puedan salir, contribuyendo a que sean más competitivas” con este nuevo apoyo que les brinda el Consistorio capitalino.

No se trata, ha apostillado García, “de una oficina al uso” sino de una oficina virtual que se convertirá en oficina física en un breve periodo de tiempo con la intención de “que perviva en el tiempo”. Para ello, el programa de trabajo ya iniciado en estas semanas ha tenido como punto de arranque numerosos encuentros y reuniones con asociaciones artesanales de la ciudad, Fedeto, sindicatos, Cámara de Comercio, Universidad regional o empresarios.

Por su parte, Andrés Salinas ha mantenido que la idea del proyecto es “iniciar, aunque de forma embrionaria, una oficina a futuro y para siempre, con la idea de crear promoción económica en una ciudad más abierta”, aprovechando la proyección internacional “evidente” de Toledo. De otro lado ha definido la oficina como “moderna, abierta, dinámica y muy virtual”, tratando de ofrecer respuestas “en tiempo real y muy rápidas” para agilizar la conexión de las empresas con la Administración local.

NUESTRO SOCIO-DIRECTOR REUNIDO CON LAS PARTES INTEGRANTES DEL PACTO POR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE TOLEDO

febrero 15, 2017

Toledo pone en marcha su programa de promoción económica

 

 

Austral Consulting SLU ha sido adjudicataria del Concurso COORDINACIÓN, ASISTENCIA Y APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

febrero 06, 2017

http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-austral-consulting-gestionara-oficina-captacion-empresas-toledo-201612091945_noticia.html

http://www.encastillalamancha.es/noticia/76346/wwwencastillalamanchaes

Es un placer comunicarte, que Austral Consulting SL ha sido seleccionada por el Ayuntamiento de Toledo en Concurso Público, tras obtener la mayor puntuación, para llevar a cabo un proyecto para la Coordinación, Asistencia y  Apoyo a la Oficina Municipal de Promoción de la Ciudad de Toledo.

Proyecto que pretende ser vertebrador, de la recuperación económica y empresarial de Toledo como punto de interés económico, social y empresarial.

Fascinante proyecto que nos entusiasma profesionalmente, pues nos da la oportunidad de poner en valor acciones positivas económica y socialmente hablando.

Es un honor para Austral Consulting SL aplicar conocimientos, estudios y experiencia y volcarla en el intento de revitalización económica de la ciudad de la que partimos.

Esperamos y deseamos contar con tu apoyo, tan necesario para nosotros.

 

 

FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO 2017

diciembre 19, 2016

feliz-navidad-austral-2017

EL TRIBUNAL SUPREMO FIJA DOCTRINA SOBRE LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE VIVIENDA POR CAUSAS URBAM

septiembre 27, 2016

La Sala de lo Civil establece que el comprador de una vivienda podrá recuperar el dinero anticipado si se anula el contrato por haber ocultado el vendedor irregularidades urbanísticas
Autor: Comunicación Poder Judicial
La sentencia de la Sala I del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que “las garantías legales de las cantidades anticipadas para adquisición de viviendas que regula la ley 57/1968 y disposición adicional de la LOE se extienden a aquellos supuestos en que el contrato de compra-venta no llega a buen fin, por declararse nulo por vicio invalidante del consentimiento al haber ocultado el promotor-vendedor al comprador la existencia de vicios de la edificación de naturaleza urbanístico”.

Asimismo, indica que la existencia de ilegalidades urbanísticas no puede considerarse como algo que escapa del ámbito de la Ley 57/1968, “pues se encuentra estrechamente relacionada con la obligación del promotor-vendedor de iniciar y entregar la vivienda, cumpliendo las condiciones físicas y jurídicas para ser habitada sin miedos de futuro y sin frustración de expectativas, en lo que constituye el objeto del contrato”.

La empresa Monteye Properties & Loan -compradora- presentó una demanda contra Marina Isla Valdecañas, S.A. -vendedora- y su aseguradora en la que solicitaba la nulidad del contrato de compraventa de vivienda, por vicio de consentimiento, alegando que el día de su firma no se le informó de la existencia de un litigio que afectaba al instrumento urbanístico sobre el que se asentaba el inmueble. En concreto, argumentaba que la vendedora le ocultó que había un procedimiento judicial pendiente en el que se pedía que se anulara el decreto de la Junta de Extremadura que daba cobertura legal urbanística al complejo donde se ubicaba la citada vivienda.

Un juzgado de Sevilla declaró la nulidad del contrato y condenó a la vendedora a devolver las cantidades anticipadas, 200.670,65 euros, y a pagar 52.143,55 euros reclamados por daños y perjuicios, pero rechazó la responsabilidad de la aseguradora al entender que como en este caso existía licencia de primera ocupación se cancelaban las garantías otorgadas por la aseguradora o avalista, según el artículo 4 de la Ley 57/1968. Dicho artículo dice que “expedida la cédula de habitabilidad por la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda y acreditada por el promotor la entrega de la vivienda al comprador, se cancelarán las garantías otorgadas por la Entidad aseguradora o avalista”.

La Audiencia Provincial de Sevilla confirmó dicho fallo, razonando que la circunstancia de este caso no está prevista en la ley 57/1968, que sólo cubriría que no se iniciase o terminase la construcción, el retraso en la entrega o la falta de licencia de primera ocupación.
La sentencia del Tribunal Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Baena Ruiz, estima el recurso de casación interpuesto por la empresa Monteye Properties & Loan y condena a la compañía aseguradora, alejándose del fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla y del juzgado, que la absolvieron al apreciar sólo la responsabilidad del promotor-vendedor.

Jurisprudencia contradictoria Audiencias Provinciales

La cuestión que se plantea en este caso es hasta dónde alcanza el riesgo cubierto por la garantía que establece la ley 57/1968 sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, en los casos en los que se anule el contrato de compraventa, por causa no imputable al comprador.

La sentencia indica que hay Audiencias Provinciales que consideran que la garantía establecida en dicha ley sólo cubre la falta de inicio o terminación de la construcción de la vivienda y obtención de las licencias administrativas accesorias para ser entregada y utilizada como tal. En sentido contrario, otro grupo de sentencias, citadas por la empresa recurrente, admiten otros supuestos de incumplimiento distintos a los anteriores: cuando se entrega la vivienda en condiciones distintas a las pactadas, con una carga hipotecaria superior al importe del precio pendiente de abono, cuando se entrega con un embargo a favor de una empresa constructora, cuando no hubo entrega efectiva por haber sido vendido a un tercero. Otro supuesto es el que equipara la falta de entrega física de la vivienda a su falta de entrega jurídica, a los efectos de la ley 57/68, cuando concurre un problema urbanístico, como en este caso, que conlleva la demolición de las viviendas.

Decisión de la Sala

Para el Tribunal Supremo, “la obligación de entrega por parte del vendedor presenta un doble aspecto: físico o material, consistente en la puesta en posesión que en casos de inmuebles puede entenderse producida por el otorgamiento de la escritura pública; y otro jurídico, que se refiere al cumplimiento de aquellas condiciones necesarias para que quede garantizada la posesión legal y pacífica de la cosa a favor del comprador”.

La Sala Civil señala que lo relevante para el comprador es que la entrega de la vivienda se produzca cuando el inmueble esté en condiciones de ser disfrutado según su destino. Del mismo modo, añade que la obligación del vendedor de entregar la vivienda supone “la entrega de aquella en condiciones de poder ser habitada sin impedimento legal alguno, haciendo posible su ocupación de un modo definitivo y sin obstáculos o impedimentos administrativos o urbanísticos”.

En consecuencia, concluye la sentencia, “el vendedor responde no sólo de la entrega de la vivienda, sino también de efectuarla con utilidad para su destino propio, o lo que es lo mismo, con la condición de habitabilidad”.

La sentencia parte del hecho de que a pesar de haberse expedido la licencia de ocupación, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura había ordenado la reposición de los terrenos a su estado anterior por lo que existía un “peligro cierto y grave” de demolición sobre la vivienda, basado en esa resolución judicial firme, que no se podía esquivar con la modificación del Plan General Municipal como consecuencia del PIR anulado.

“Tan esencial es el error provocado por la ocultación que hizo el promotor-vendedor al comprador de la ilegalidad urbanística, que ha dado lugar a la anulabilidad del contrato por vicio en el consentimiento, con lo que es evidente que el contrato no ha llegado a buen fin, pues era factible la entrega física de la vivienda al encontrarse terminada, pero adolecía de condiciones jurídicas que garantizasen el uso pacífico de futuro, sin miedos ni sobresaltos por ilegalidades urbanísticas”.

Condena a la aseguradora

En relación con la condena a la aseguradora, la Sala Primera afirma que si hubiese cumplido con sus obligaciones, entre la que se encuentra la de entrega de una vivienda hábil para su destino por estar cubierta con la normativa urbanística, “habría podido detectar, al ser profesionales del ramo, las dificultades urbanísticas que ya existían cuando concertó el seguro”.

Por esa falta de “diligencia”, condena a ASEFA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS a devolver a la compradora las cantidades entregadas a cuenta del precio de la vivienda más los intereses recogidos en la demanda.

Fuente: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-doctrina-sobre-la-devolucion-del-dinero-anticipado-para-la-compra-de-vivienda-por-causas-urbanisticas

CALIFICACIÓN COMO DESPIDO COLECTIVO

septiembre 27, 2016

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha acordado, por unanimidad, en el recurso de Casación 36/2016 y de conformidad con la Directiva 98/59 aplicada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 13/5/2015, asunto “Rabal Cañas”, que debe calificarse como despido colectivo, y respetar por consiguiente el régimen legal aplicable en esta materia, tanto las situaciones en las que las extinciones de contratos computables superen los umbrales del art. 51.1º Estatuto de los Trabajadores, tomando la totalidad de la empresa como unidad de referencia, como aquellas otras en las que se excedan esos mismos umbrales en los casos en que afecten a un único centro de trabajo siempre que en el mismo presten servicios más de 20 trabajadores.

La Sala ha desestimado el recurso planteado por la empresa Zardoya Otis S.A. contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 21 de mayo de 2015, que declaró la nulidad del despido de 12 trabajadores llevado a cabo en febrero de 2014 en el centro de trabajo de Mungia (Vizcaya), donde trabajaban 77 personas. En el total de la empresa, había más de 3.000 empleados.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-que-un-despido-es-colectivo-si-supera-el-umbral-legal-en-un-unico-centro-con-mas-de-20-trabajadores

SENTENCIA TRIBUNAL JUSTICIA UNIÓN EUROPEA

septiembre 21, 2016

Interinos despedidos de su puesto de trabajo pasaran a tener una indemnización de 20 días de conformidad a la Sentencia Dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Jurisprudencia que tendrá que tendrá que ser aplicada y que obligará a la modificación de la legislación laboral.
Fue el Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid el que solicitó la aclaración de la normativa española al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183301&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=296734